Noviembre 2015
¿Podemos decir que Chile es un país corrupto? Yo creo que no. Afortunadamente no hay una corrupción institucionalizada, no existe el pago ilegal por servicios prestados, vulgarmente llamado “coima”, en el día a día.
Jamás he visto como en otros países, el pago, sin trabajos, a policías o gendarmes para evitar una infracción, a plena luz del día.
Sin embargo, este último tiempo hemos debido enfrentar varias situaciones que hacen cuestionar la probidad de importantes hombres públicos, especialmente vinculados al poder legislativo.
En efecto, muchos de estos personajes, independiente de su color político, aceptaron financiamiento ilegal de sus campañas electorales, utilizando mecanismos de boletas falsas, por servicios que jamás fueron prestados. Es lamentable que estos sujetos, líderes de sus respectivas instituciones, y que tienen el deber de legislar, se hayan prestado para este tipo de acciones.
Lo peor aun es que algunos, integrantes de ciertos comités de las diferentes cámaras; por ejemplo, el de pesca, hayan recibido dineros en forma ilícita, precisamente de empresas pesqueras, justo antes de votar importantes leyes en las cuales dichas empresas estaban involucradas.
Grandes líderes, que en muchos programas de televisión, abogaron siempre por la transparencia de las instituciones y las personas, se encuentran ahora enfrentando diferentes procesos legales por corrupción.
Ahora se nos presenta otra situación, bastante grave, tal es la colusión de dos importantes empresas, productoras de productos de papel de primera necesidad, quienes durante quince años, se pusieron de acuerdo para fijar precios.
Los que defienden el libre mercado a ultranza, defienden que estas son las excepciones y que la inmensa mayoría es partidaria de la sana libre competencia. No estoy completamente de acuerdo. Basta revisar los precios de la gasolina, en estaciones de servicios que se encuentran cercanas. Son siempre los mismos. Otro ejemplo, fue la colusión de las empresas productoras y faenadoras de pollos, donde también, después de eliminar del mercado a los productores más pequeños, se pusieron de acuerdo en los precios.
Se puede seguir con las farmacias, cuyas tres cadenas más importantes también organizaron acuerdos de precios.
El resultado es siempre el mismo, perjuicio de los consumidores.
Ejemplos sobran, desafortunadamente. Lo único rescatable es que hay una desaprobación social masiva y las instituciones fiscalizadoras están haciendo su trabajo en forma eficiente, lo que tranquiliza un poco a la población.
Si se continúan estas acciones ilegales, y lo peor, si finalmente no hay ninguna condena, el futuro institucional de nuestro país se encontrará amenazado.
Prof. Dr. Mario Uribe
Editor